martes, 1 de noviembre de 2011

Violencia Institucional contra la mujer. Cuando el agresor es un influyente funcionario público.

 ¿Quién vigila al vigilante? ¿Dónde acude la victima cuando el agresor pertenece al poder encargado de procurar protección? ¿Cómo entender el fenómeno de la complicidad de la mujer funcionaria pública? ¿Tuvieron alguna vez dignidad esas mujeres funcionarias públicas cómplices o la perdieron en su integración al sistema?, ¿cómo podemos explicar la irracionalidad de estas conductas reprobables que pretender normalizarse y no excepcionalizarse? ¿Nos importa, o pensamos que no es nuestro problema?

Te comparto la siguiente información generada por CIMAC a partir de una situación de suya aberrante. No más violencia irracional contra la mujer.

Viviendo con el enemigo


Por Lucía Lagunes Huerta*

México, DF, 1 nov 11 (CIMAC).- La violencia contra las mujeres nace de la diferencia de poder con el que contamos mujeres y hombres. Ellos por el simple hecho de nacer hombre cuentan con el mundo, nosotras desde que nacemos tenemos que construir nuestro lugar en ese mundo.

El poder de ser hombre se va sumando a los poderes reales y de facto que van obteniendo, ser hombre y ser funcionario, ser hombre y ser empresario, ser hombre y ser policía o coordinador de la Policía Federal (PF) de Querétaro, etcétera.

Por ello una de las amenazas más comunes de los hombres para amedrentar a las mujeres cuando intentan denunciarlos, es que ellos son “influyentes” y que tienen amigos igual de influyentes; en síntesis, que son intocables.

En el caso de Margarita González, suboficial de la PF que fue violentada física y sexualmente por su superior, Salvador Cruz Neri, coordinador de la Policía Federal de Querétaro, el poder se suma en contra de ella.

Margarita intentó denunciar la violación y la agresión física ejercida por Salvador Cruz Neri sin que en el estado de Querétaro  existiera autoridad  que le garantizara su derecho a la denuncia y al debido proceso.

El argumento de ministerios públicos de Querétaro para negarse a iniciar la denuncia fue “compañerismo” y la “alta jerarquía” del agresor.

Tras el intento de la denuncia estatal las amenazas contra ella no se dejaron esperar, razón por la cual Margarita acudió a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), donde también se negaron a apoyarla.

La entonces titular de la Fevimtra, Sara Irene Herrerrías, se negó a proteger la vida de Margarita a pesar de que este es el mandato de la institución que dirigía, y le advirtió que en caso de denunciar la Fiscalía declinaría la competencia al fuero común, en razón de que Salvador Cruz Neri había cometido el delito “cuando no estaba en funciones”.

Sara Irene Herrerías es hoy la titular de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito. Ante su actuación en Fevimtra me pregunto qué podemos esperar las víctimas cuando su titular protege a los agresores. La historia de Margarita describe nuevamente cómo las complicidades del poder se suman para proteger a uno de sus miembros.

Las mujeres vivimos con el enemigo por que tenemos que acudir a las instancias donde sus titulares se doblegan ante el poder para seguir su carrera política, son negligentes y menosprecian la vida de las mujeres. Esto no es nuevo desde Ciudad Juárez hasta nuestros días, pasando por las jóvenes de Tláhuac, las migrantes y las mujeres en situación de trata.

Por ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano en el caso Campo Algodonero, porque tiene todas las evidencias para proteger a las mujeres, porque sabe dónde está la cadena de complicidad para garantizar la impunidad y no hace nada para cambiarlo.

Por supuesto que Margarita debe ser protegida, por supuesto que su agresor debe ser castigado, pero con él todos los funcionarios que se negaron a recibir la denuncia, a protegerla y garantizarle un debido proceso.

Desde los escoltas de Salvador Cruz Neri, quienes fueron testigos de la violación y golpiza y al no detenerlo se volvieron cómplices, hasta el último que actúa al servicio del poder y no de la víctima. Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres implica romper la cadena de complicidades y de protección de quienes nos agreden.

Señor García Luna: ¿Cómo va a sancionar a las y los funcionarios que se sumaron a la protección del agresor, violando los valores propios de la procuraduría y su deber como funcionarios públicos?

Lo mismo pregunto al procurador del estado de Querétaro: ¿Quedarán impunes los ministerios públicos que se negaron a recibir la denuncia de Margarita?

Twitter @lagunes28

*Directora general de CIMAC http://www.cimacnoticias.com.mx/site/11110101-ZONA-DE-REFLEXION-V.48234.0.html